SOBRE EL TEMA DE LA CONSAGRACION EPISCOPAL SIN MANDATO PONTIFICAL

Reproducimos aquí, en traducción hecha a nuestro cargo, un artículo de Rudolf Kaschewsky, que fue publicado en el número de marzo-abril de 1988 de Una Voce-Korrespondenz.

1) El obispo representa el grado más elevado en la jerarquía de orden en la Iglesia (¡no hay ordenación para un cardenal o para el Papa!) Los poderes episcopales son: l) la plenitud del poder de orden y 2) el poder de jurisdicción; pero éste no corresponde más que al obispo de una diócesis, “el obispo residencial”.

El poder episcopal es “un poder propio en virtud del derecho divino. De ahí que posee una autonomía constitucional que el Papa no puede ni abolir ni modificar” (1).

2) No le es permitido a ningún obispo consagrar algún obispo sin mandato pontifical (canon 1013 del Código de Derecho Canónico de 1983, correspondiente al canon 953 del Código de 1917). Aquel que infringe esta ley incurre en “la excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica” (canon 1382 del CIC/1983). “Latae sententix” significa que se ha incurrido en la pena por el mismo hecho que se cometió el delito (ipso facto), por lo tanto aquella no necesita ser “infligida”.

El antiguo Código de Derecho Canónico, para este caso sólo preveía la suspensión (“ipso iure suspensi sunt, donec Sedes Apostolica eos dispensaverit” canon 2370 del CIC/ 1917).
Es por un decreto del Santo Oficio del 9 de agosto de 1931, sin ninguna duda en razón de la trágica evolución de la Iglesia en la República Popular China, que la pena de excomunión (ipso facto), reservada muy especialmente a la Santa Sede, fue introducida para la consagración ilegal de un obispo (2). Esta pena fue confirmada más tarde a propósito de las actuaciones sectarias del Palmar de Troya en España (3).

3) Por otra parte, el Derecho Canónico está lejos de juzgar únicamente según los hechos exteriores. Sería contradecir la concepción jurídica corriente el no tener en cuenta las circunstancias particulares o la disposición subjetiva del autor de un acto.
En el caso de la sanción prevista para la consagración de un obispo sin mandato pontifical, se trata claramente de una pena latae sententiae en los términos del canon 1382 como se ha visto más arriba. Pero también hay que tener en cuenta el principio siguiente: “No se incurre en ninguna pena latae sententiae, si hay una circunstancia atenuante fijada por la ley” (4).

Hay que considerar más precisamente las disposiciones de los cánones 1323 y 1324 del CIC/ 1983, que corresponden al canon 2205 §§ 2 y 3 del CIC/ 1917. Queremos examinar aquí el caso en que un acto amenazado de sanción, haya sido cometido para remediar un estado de necesidad. Citamos parte del canon 1323, 4ª del CIC/ 1983:

“No es posible de pena alguna la persona que, al violar una ley o un precepto: (…) 4ª actuó (…) empujada por la necesidad” (4 bis). El antiguo Código dice en substancia la misma cosa (canon 2205 § 2). (Para las restricciones previstas en los dos casos, ver párrafos 7 y subs. aquí abajo.)

4) ¿Qué es un estado de necesidad, una situación de necesidad? Citemos el Tratado de Derecho Canónico de E. Eichmann y Kl. Morsdorf (5):
“El estado de necesidad (necessitas) es una situación exterior apremiante, producida de una u otra manera sin que haya culpa, y que fuerza física o moralmente a la persona a infringir la ley para evitar el peligro. Necessitas non habet legem: “La necesidad no tiene ley”. Puede tratarse de un peligro que amenace los bienes espirituales, la vida u otros bienes temporales”.

5) Es un hecho cierto y que no puede ser seriamente contestado, que en razón de la corriente postconciliar, sobre todo en la formación de sacerdotes, se puede comprobar en el seno de la Iglesia un grave “peligro amenazando los bienes espirituales”, más precisamente, la fe, la moral, el culto divino. En apoyo de esta afirmación, basta remitir a toda una serie de exposiciones, comprendiendo especialmente entre ellas, nuestra revista, Una VoceKorrespondenz.
La cuestión es saber si se puede y cómo parar este peligro que amenaza a los bienes espirituales. Nadie podrá negar que un remedio (si no el único), consiste en el despertar de vocaciones sacerdotales y en la formación de buenos sacerdotes. Entonces no es raro que jóvenes teólogos nos pregunten cuál de los seminarios diocesanos sería el “más” recomendable, es decir donde la perniciosa “adaptación al mundo” no habría hecho todavía su entrada, donde la verdadera piedad sería enseñada y puesta en primer lugar, donde la adoración a Cristo en el Santísimo Sacramento del Altar sería el centro de la vida sacerdotal, donde la comunión de rodillas y el uso de la sotana van de suyo (por hablar también de signos “exteriores” pero que igualmente son signos de disposición interior). Y la respuesta es: “¡Ninguno!”

6) Esto muestra suficiente e indiscutiblemente la existencia de un estado de necesidad. Entonces, si para remediar este estado de necesidad manifiesta fuera de los seminarios oficiales se forman correctamente candidatos que, según una probabilidad rayana en la certeza, no serían ordenados y por lo tanto no podrían ser sacerdotes si se respetase la ley (canon 1013), está claro que se trata aquí de un estado de necesidad que exime de toda pena: es justamente por la consagración de un obispo que ordenará a estos candidatos que se, podrá remediar la necesidad descripta más arriba. De lo contrario, no solamente no se lograrían los estudios y la formación sacerdotal de estos candidatos, sino, peor todavía, los fieles estarían privados de “los bienes espirituales” que estos postulantes les habrían dispensado si se hubiesen ordenado sacerdotes. Porque también los fieles se encuentran en un estado de necesidad. Por supuesto, sería exagerado decir que “los bienes espirituales” necesarios para la salvación de las almas no sean convenientemente dispensados en ninguna Iglesia “oficial” postconciliar; pero el estado de necesidad consiste en que los fieles se encuentran a menudo en la incertidumbre, no sabiendo si ésta o aquélla catequesis determinada, si éste o aquél oficio religioso concreto, son verdaderamente católicos o no. Los más “moderados” observadores objetivos de la situación actual de la Iglesia, admiten ellos mismos que al menos en ciertos casos la recta intención del sacerdote, indispensable para la validez de un sacramento, es dudosa cuando no manifiestamente ausente.

7) Según el canon 2205 § 2 del antiguo Código de 1917, la amenaza de sanción es suprimida en el caso de necesidad sólo “si se trata de leyes puramente eclesiásticas”, pero no de “derecho divino”. Esta restricción no se encuentra más en el nuevo Código; y como aquellos que “aplicarían el derecho” en esta circunstancia se servirían sin duda alguna del nuevo Código, esta restricción puede ser dejada de lado en el caso que nos ocupa, aún si aquél que consagrara un obispo sin mandato considerara el antiguo Código como obligatorio para él.

8) Otra restricción (6): sólo las situaciones de necesidad “que sobrevienen ocasionalmente” eximen de pena, es decir que los “inconvenientes ligados por naturaleza al respeto de ciertas leyes”, deben ser aceptados y no autorizan a infringir la ley. Pero justamente, no es para nada natural ni habitual que el hecho de respetar la ley en cuestión, a saber, abstenerse de consagrar un obispo sin mandato, represente de suyo un peligro: por lo tanto esta restricción no vale aquí. El hecho que la salvación de las almas sea puesto en peligro por la abstención de una consagración episcopal “determinada” no representa, en todo caso, un “inconveniente ligado por naturaleza” a la ley en cuestión; pero este hecho, más vale, caracteriza bien lo que la situación actual tiene de anormal.

9) Hay todavía otra restricción aún si el acto amenazado de sanción haya sido cometido para remediar un estado de necesidad, el autor sin embargo no estaría exento de pena “si el delito es intrínsecamente malo o si causa perjuicio a las almas” (canon 1324 § 1,5ª). En el antiguo Código los límites a la eximición de pena eran todavía más estrechos (canon 2205 § 3): tampoco había exención de pena, si el acto se volvía en “desprecio de la fe o de la autoridad eclesiástica”.
La cuestión de saber si la consagración episcopal sin mandato pontifical es “un delito intrínsecamente malo (intrinsece malum)” y/o si causa algún perjuicio a las almas, sobrepasa, sin ninguna duda, el marco del Derecho Canónico; al menos escapa al juicio puramente jurídico. Aquí, justamente, las opiniones están divididas. Unos hablarán del inmenso daño a las almas en razón del peligro de cisma, otros de una acción indispensable, precisamente para la salvación de las almas.

10) Sin embargo, no hay ninguna necesidad de responder a esta cuestión, porque el canon 1324 § 3 CIC/1983 declara de manera lapidaria: “En las circunstancias que se trata en el § 1, el culpable no está alcanzado por una pena latae sententiae“. Esto significa que aunque se afirmase que la consagración episcopal no autorizada constituyese en todos los casos, por así decir, automáticamente un “delito intrínsecamente malo” y/o causase perjuicio a las almas, su autor sería en todos los casos eximido de toda pena latae sententiae, en razón del estado de necesidad descripto más arriba; ¡pero es justamente una pena latae sententiae la que está prevista en el canon 1382 CIC/1983 para la consagración episcopal sin mandato! Resulta entonces que, en razón del caso de necesidad incontestable (canon 1323, 4ª o canon 1324 § 1,5ª y § 3), el autor de una consagración episcopal no autorizada, no estáalcanzado por la excomunión prevista en el canon 1382.

11) Aún sise quisiera poner en duda o negar radicalmente la existencia del estado de necesidad mencionado más arriba (en nuestra opinión irrefutable), el caso siguiente se aplicaría: nadie negará que un obispo que consagra a alguien obispo en las circunstancias ya descriptas, está al menos subjetivamente convencido de que se trata de un estado de necesidad como el que hemos caracterizado. Pero en tal caso, tina violación deliberada de la ley está entonces excluída, pues “aquel que comete un delito suponiendo de manera errónea que existe causa de justificación, no actúa de manera deliberada” (7). El nuevo Código dice de modo más claro todavía:

a) “No es pasible de pena alguna la persona que, cuando ha violado una ley o un precepto: (…) 74 ha creído, sin culpa de su parte, que se presentaba una de las circunstancias previstas en los números 4 y 5” (¡entonces también el estado de necesidad!) (canon 1323, 7ª).

b) “El autor de una violación no está exento de pena, pero la pena prevista por la ley o el precepto debe ser atemperada, o inclusive una penitencia puede substituirla, si el delito ha sido cometido: (…) 8° por quien ha creído, por error culpable, que se presentaba una de las “circunstancias que trata el canon 1323, números 4 y 5” (¡entonces también el estado de necesidad!) (Canon 1324 § 1,8). Y: “en las circunstancias que trata el § 1, el culpable no es castigado por una pena latae sententiae” (canon 1324 § 3).
¡Aún si quisiera suponerse que el estado de necesidad no existe más que en la imaginación del obispo concerniente, sería difícil pretender que su interpretación (presuntamente) errónea, fuese culpable!

Más todavía, si se quisiera sospecharlo culpable de haber creído por error que existía un estado de necesidad (en realidad inexistente), esto no impide que: 1) la excomunión latae sententiae prevista en el canon 1382 no podría alcanzarlo, 2) la pena que un juez podría eventualmente inflingirle debiera ser en todo caso atemperada en relación a la prevista por la ley, de manera que tampoco acá podría haber excomunión.

12) Resumamos:

a) En razón de un real estado de necesidad, ninguna pena alcanza al autor de una consagración episcopal sin mandato pontificio en las circunstancias descriptas (canon 1324, 4ª).
b) Aún si el estado de necesidad no existiera objetivamente, el “delincuente” sin embargo estaría exento de pena porque él estimaba subjetivamente, sin culpa de su parte, que este estado de necesidad existía (canon 1323, 7º).
c) Aún si la suposición errónea de la existencia de un estado de necesidad fuera culpable, no habría sin embargo pena la tae sententiae y de ninguna manera excomunión (canon 1324 § 1,8ª y § 3).

Conclusión
La afirmación a menudo escuchada, según la cual la consagración de uno o variosobispos sin mandato pontificio entrañaría automáticamente la excomunión y de ahí conduciría al cisma, es falsa. En virtud de los términos de la ley, en el caso en cuestión no puede haber excomunión, ni lata sententiae ni por sentencia judicial.

1) Eichmann-Mörsrsdorf: Lehrbuch des Kirchenrechts, t. 1, Paderborn, 8ª ed.1953, pág. 396
2) Acta Apotolicx Sedis XLIII (1951), pág. 217.
3) Cfr. Osservatore Romano, ed. alemana semanal, 1º oct. 1976, pág. 3.
4) Listl, Müller, Schmitz: Handbuch des Katholischen Kirchenrechts, Ratisbonne,1983, pág. 931 y subs.
4 bis) Para las citas del nuevo Código, hemos utilizado el Code de Droit Canonique. Texto oficial y traducción francesa por la Societé internationale de Droit Canonique, Paris, Centurion, Cerf, Tardy, 1984.
5) Ob. cit., t. 3: Prozess-und Strafrecht, Paderbom,10º ed.1962, pág. 314.
6) Eichmann-Morsdorf, ob. cit., pág. 315. 7) Eichmann-Morsdorf, ob. cit., pág. 313.

Anexo a ALGUNOS CÁNONES 

Visto en: http://www.statveritas.com.ar

 

 

 

 

 

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